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LA VOZ LIBRE

La Escuela de Criminología de Cataluña, nueva víctima de la extorsión lingüística

El subdirector de la Academia afirma que nadie les ha pedido nunca un folleto en catalán

LVL
martes, 26 de enero de 2010, 12:21

Barcelona.- Seis días después del caso de Feliciana Piris Duque, comerciante barcelonesa multada con 1.200 euros por no rotular su negocio completamente en catalán, la Generalitat ha vuelto a sancionar a otro empresario. El afectado es José Luis Giménez, barcelonés de 52 años y dueño de la Escuela de Criminología de Cataluña.

Una inspectora de la Agencia Catalana de Consumo se personó en 2008 en la escuela y posteriormente la Dirección General de Universidades, alertada por dicha Agencia, procedió a denunciar al centro. El pasado 15 de enero, José Luis Giménez recibió la notificación de los correspondientes 1.200 euros de sanción por no redactar, “al menos en catalán”, las informaciones con las que la Escuela de Criminología de Cataluña ofrece al público sus servicios.

El subdirector de la Academia se muestra abatido por lo que considera una “locura en toda regla". “Nadie, ni clientes ni futuros clientes, nos ha pedido, en todos estos años de trabajo, un folleto en catalán; mi sector es pequeño”, manifiesta José Luis Giménez al periódico 'El Mundo'. “Yo creía que éste era un Estado de Derecho, pero empiezo a tener ciertas dudas”, denuncia.

“Yo nunca hablo catalán aunque lo entiendo perfectamente; es mi decisión”, explica el criminólogo. “Pero vivo en una comunidad autónoma bilingüe en la que el castellano es también una lengua oficial”, declara. Giménez añade que ésta es “una muestra más de la persecución inquisitorial que sufrimos los castellanohablantes en Cataluña, ya casi un estado nacionalsocialista. Somos prisioneros de la administración, que impide que nos relacionemos normalmente”.

El Gobierno catalán establece las multas lingüísticas en base al artículo 32.3 de la ley de Política Lingüística, según el cual “la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán”.

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