LA VOZ LIBRE

CORRUPCIÓN-INVESTIGACIÓN

La abogacía ve un daño "irremediable" al derecho de defensa en las escuchas de Garzón

Efe
2010-03-13 10:36:00

Madrid.- El Colegio de Abogados de Madrid, que ha recurrido la intervención de las comunicaciones en prisión entre los imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados, cree que la orden de Baltasar Garzón y el posterior aval del juez del Tribunal Superior de Madrid han quebrantado "irremediablemente" el derecho de defensa.

Así lo dice el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, en un artículo que publica el primer número de la revista "Otrosí" de la institución, en el que a lo largo de once páginas defiende firmemente la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente y cuestiona la legalidad de las escuchas ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional.

El Colegio de Abogados madrileño ha solicitado personarse en la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para poder recurrir la intervención de las comunicaciones y el auto del juez Antonio Pedreira, que el pasado mes de enero avaló la decisión adoptada por Garzón cuando instruía el caso.

La supuesta "ilegalidad" de esas intervenciones está pendiente ahora de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, que esta próxima semana pasada continuará deliberando sobre los recursos que varios abogados han interpuesto contra el auto de Pedreira.

En su artículo, Hernández-Gil recurre a la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para defender la "actuación libre e independiente de los abogados", incluso "del otro lado del cristal, a medio metro del cliente" y "en la engañosa intimidad del locutorio de una prisión".

Afirma que sólo se pueden interceptar las comunicaciones por orden judicial y en los supuestos de terrorismo, en contra de lo que mantiene en el auto el magistrado Antonio Pedreira, que sostiene que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite grabar las conversaciones del procesado si hay indicios de obtener por ese medio "la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa".

Para Hernández-Gil, esta argumentación es "especialmente desafortunada, socialmente regresiva y jurídicamente inadmisible", ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial es más especifica, al contemplar que se debe descartar la intervención cuando afecte a otros derechos fundamentales, "como en el caso de abogados".

"El resultado de la investigación, sea cual sea, no podría nunca borrar la quiebra del sistema constitucional de tutela de los derechos fundamentales", señala.

Coinciden sus argumentos con los de los letrados de varios imputados en el "caso Gürtel", entre ellos el cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, y el empresario José Luis Ulibarri, ambos impulsores de la investigación que el Tribunal Supremo ha abierto contra Garzón por ordenar las escuchas.

"Para un abogado resulta escandaloso el descrédito social de algunos de los principios sobre los que se construyó el pacto constitucional y con los que avanzamos en la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho", dice Hernández-Gil, que critica la falta de reacción social ante la "aparente transgresión de los límites legales y constitucionales".

Por último, expresa la "honda preocupación" que ha causado en la abogacía la falta de prácticamente toda reacción institucional", y apela a la necesidad de "acotar los supuestos de intervención e injerencia en la confidencialidad" y no ampliarlos dejando la decisión discrecional a jueces y tribunales.

Comentarios

 
 
 

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Javier Fernández

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Hagan sus apuestas. ¿Cuánto tardaremos en quebrar definitivamente las cuentas públicas? ¿Dos, tres, cuatro, cinco  [...]

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Enrique Arias Vega

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