lunes, 21 agosto 2017 | 
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Un juez prestidigitador salva por 25 días a Garzón de un cohecho probado

El Tribunal Supremo archiva la causa aceptando por primera vez la prescripción como causa de extinción de responsabilidad penal

LVL/Foto: GTres
martes, 14 de febrero de 2012, 10:10

Madrid.- El juez Baltasar Garzón ha conseguido eludir una tercera condena del Tribunal Supremo, esta vez por presuntos delitos de cohecho impropio, extorsión y prevaricación durante el proceso de recaudación de los fondos para financiar los cursos y seminarios que impartió en Nueva York durante los años 2005 y 2006.

Garzón se ha salvado gracias al truco de la defensa, que argumentó que el delito había prescrito por tan solo 25 días. En su escrito, el juez Manuel Marchena, considera acreditado que Garzón incurrió en el delito de cohecho impropio al solicitar y recibir 1,2 millones de euros de bancos y grandes empresas españolas que tenían procesos pendientes en su Juzgado. Dicha cantidad se utilizó para financiar las actividades de Garzón en Nueva York.

Marchena ratifica que “las cartas, documentos y certificaciones” recopilados durante la investigación “hablan por sí solos” y censuran “la estrategia de persuasión” y la “metodología recaudatoria” del ex juez de la Audiencia Nacional. Sin embargo, Marchena entiende que el delito había prescrito porque la querella presentada por los abogados Antonio Panea y Luis Mazón había sido presentada por 25 días de retraso respecto a los plazos marcados.

De este modo, por primera vez, se acepta la prescripción como causa de extinción de responsabilidad penal. Marchena, además, no ha aceptado la calificación de la acusación popular de que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho propio, extorsión o asociación ilícita, ninguno de los cuales habría prescrito.

Respecto al delito de prevaricación, la acusación popular basaba su denuncia en el que hecho de los fondos que solicitó Garzón le “obligaban a un deber de gratitud concretado en tener un trato de favor con sus patrocinadores”. Buena prueba de ello es el archivo de una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La querella fue admitida a trámite por Garzón cuando se reincorporó a la Audiencia tras su paso por Nueva York y después de recibir por parte de la entidad presidida por Botín 327.000 dólares.

Garzón debería haber abstenido del conocimiento de dicha querella. No sólo no lo hizo, sino que además, la archivó. Sin embargo, para Marchena, “para entender cometido el delito de prevaricación no basta constatar el incumplimiento del deber de abstención”, aunque considera que “cuando el imputado, debiendo abstenerse del conocimiento de esa querella, consideró oportuno ocultar al fiscal y a las partes la concurrencia de una causa que podría perturbar su imparcialidad, estaba demostrando que el deber de agradecimiento generado por la dádiva interfería ya el ejercicio íntegro de su función jurisdiccional”.

En su escrito, Marchena afirma que para la comisión del delito “no basta vulnerar los deberes orgánicos de abstención”, sino que hay que dictar una resolución injusta, y, en este caso, se confirmó el archivo de que la querella por Sala Penal de la Audiencia Nacional.

En lo tocante a la extorsión, los abogados Panea y Mazón entendieron que “fue el miedo o intimidación hacia la posición de poder de Garzón la causa determinante de que estas empresas, previamente concernidas por la actividad jurisdiccional del imputado, le entregaran las elevadas sumas que pedía para los patrocinios de seminarios que él dirigía o co-dirigía en la UNY” y recordaban que Endesa recibió, por parte de la UNY, un recordatorio de que debían pagar lo prometido y que les llegó mediante una carta introducida en un sobre oficial del Juzgado de Garzón.

Pero Marchena entiende que el delito de extorsión requiere un supuesto de intimidación, lo que no estima que se haya producido en este caso, aunque sí ve “evidente que la utilización de un sobre con membrete oficial proporcionado por el querellado encaja perfectamente en la metodología recaudatoria puesta en marcha por Garzón”.

LA CENA DE 4.500 EUROS EN NUEVA YORK

El ex juez Baltasar Garzón gastó 4.575 euros en una cena en Nueva York a la que asistieron 25 comensales, entre ellos el ex presidente del Gobierno Felipe González, el ex presidente de México Ernesto Zedillo o el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, tal y como recoge ‘El Mundo’.

La cena se celebró el 15 de diciembre de 2005 y durante su celebración se consumieron 27 botellas de vino por los 25 comensales de tan animada comitiva. La factura es una de las pruebas que el Centro Rey Juan Carlos de Nueva York envió al Tribunal Supremo para justificar el “generoso patrocinio del Banco Santander, por el que siempre estaremos muy agradecidos”.

Precisamente, el Banco Santander, entre los años 2005 y 2006, hizo una donación de 327.000 dólares al Centro después que Garzón solicitara dicha cantidad al presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín.

> En la imagen, el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

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