LA VOZ LIBRE

NICARAGUA-CRISIS

La Sala Constitucional sin la mitad de sus jueces declara nula una sesión parlamentaria

Efe
2010-05-13 03:34:00

Managua.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua con la ausencia de la mitad de sus integrantes declaró hoy nula una sesión de diputados opositores celebrada en un hotel de Managua y les ordenó no intentar derogar un polémico decreto del presidente, Daniel Ortega.

Tres magistrados sandinistas, incluido Rafael Solís, cuyo mandato acabó el mes pasado y que se beneficia del decreto de Ortega, dictaron el fallo en una sesión repentina y sin los magistrados liberales miembros de la Sala Constitucional -que se retiraron de la sala-, en un nuevo capítulo de la crisis que vive el país.

El decreto prorroga en sus cargos a funcionarios de varios poderes del Estado cuyos mandatos finalizan este año, algo que, según la oposición, es competencia del Parlamento.

"Esta sala tiene a bien ratificar de oficio la suspensión de los efectos subsiguientes a la supuesta sesión legislativa por la vía de hecho ocurrida en un hotel de Managua el 20 de abril del 2010", dijo el magistrado sandinista Francisco Rosales, presidente de la sala, al leer esa sentencia.

Miembros de la Junta Directiva del Parlamento se reunieron en sesión en esa fecha en un hotel de Managua para dar trámite a la presentación de un proyecto de ley para anular el decreto de Ortega después de que seguidores del presidente impidieran su acceso a la sede de la Asamblea Nacional.

"Tanto la convocatoria y las supuestas reuniones de consulta que está haciendo la Comisión de Justicia son nulas de nulidad absoluta y carecen de valor legal alguno por contravenir sentencias expresas del Poder Judicial", señaló.

Rosales explicó que tomaron esa decisión aceptando un recurso de amparo interpuesto por el legislador Edwin Castro, jefe del grupo parlamentario sandinista.

En el fallo advirtieron, además, a cuatro miembros de la mesa directiva y a siete diputados de la Comisión de Justicia del Parlamento, todos opositores, de que se abstengan de dar trámite al proyecto de ley que busca derogar el controvertido decreto de Ortega, porque estarían cometiendo "flagrantes delitos de desacato a la autoridad".

"Se le previene desde ahora (a los diputados opositores de la Comisión de Justicia) que el delito de desacato a la autoridad y a la comisión del mismo de manera 'in fraganti' no está cubierto por su inmunidad parlamentaria", enfatizó Rosales, quien sostuvo que los fallos y resoluciones de los tribunales son de ineludible cumplimiento.

Agregó que "desde este momento quedan sujetos a la justicia penal" los diputados que continúen tramitando el proyecto para anular el decreto, para lo cual giraron oficio a la Fiscalía y a la Policía Nacional.

Con el decreto, aprobado en enero, Ortega ratificó y prorrogó en sus cargos a diez magistrados del Consejo Supremo Electoral y tres de la Corte Suprema, entre otros funcionarios cuyo mandato finalizó o finaliza este año.

Los magistrados opositores miembros de la Sala Constitucional no hicieron declaraciones.

El presidente de la Comisión de Justicia, el liberal opositor José Pallais, tildó de "ilegal" esa sentencia porque fue suscrita por un abogado que ya no forma parte de ese Poder del Estado, en alusión a Solís.

Pallais anunció que continuará tramitando el proyecto de ley para derogar el decreto de Ortega, que califica como inconstitucional, y defendió la legalidad de la sesión celebrada en el hotel.

Comentarios

 
 
 

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Javier Fernández

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Enrique Arias Vega

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Julia Navarro

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