LA VOZ LIBRE

Amnistía exige al nuevo Gobierno colombiano que se procese a los responsables de los abusos contra los DDHH

Europa Press
2010-08-05 12:39:02
Acusa a las fuerzas de seguridad de "miles de ejecuciones extrajudiciales" contra civiles y denuncia la "impunidad" LONDRES Amnistía Internacional (AI) ha exigido al nuevo Gobierno de Colombia que garantice la independencia del sistema de justicia del país a fin de que se pueda procesar a los responsables de los abusos contra los Derechos Humanos "cometidos durante el largo conflicto armado" que afecta al país. Asimismo, ha pedido al nuevo Ejecutivo que deje "claro" que la defensa de los Derechos Humanos "no constituye una amenaza para la seguridad del Estado". El presidente electo, Juan Manuel Santos, tomará posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto, tras su arrolladora victoria en la segunda vuelta de las elecciones, el 20 de junio. "Para que quienes cometen abusos contra los Derechos Humanos respondan ante la justicia, también es necesario que se adopten medidas urgentes para poner fin a los homicidios y amenazas contra testigos, abogados, jueces, defensores y defensoras de Derechos Humanos y fiscales que intervienen en casos de Derechos Humanos", declaró este jueves Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional. Un informe de la ONU sobre Colombia hecho público este año concluía que en los últimos 15 años habían perdido la vida al menos 300 personas que participaban en investigaciones judiciales. Amnistía Internacional ha documentado los homicidios, "en su mayoría a manos de paramilitares", de al menos ocho defensores de Derechos Humanos y 39 sindicalistas durante 2009. "El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de alejarse de la hostilidad que mostraba el Gobierno saliente hacia los defensores y defensoras de Derechos Humanos y de poner fin a la cultura de impunidad que ha permitido que quienes cometen abusos eludan la acción de la justicia", manifestó Marcelo Pollack. Amnistía Internacional también ha pedido al Gobierno que "resista a la tentación" de menoscabar la capacidad de los tribunales civiles de investigar a personal de las fuerzas de seguridad implicado en violaciones de Derechos Humanos, "algo que sugirió hace apenas unos meses el Gobierno saliente". EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES E IMPUNIDAD En los últimos años, según AI, las fuerzas de seguridad colombianas han estado implicadas en miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles. La mayoría de los perpetradores aún no han sido juzgados por estos homicidios. "Si el nuevo Gobierno desea realmente acabar con la impunidad, debe poner fin a la campaña del Gobierno anterior para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia, que ha enjuiciado con éxito a algunas personas vinculadas a los paramilitares que cometen violaciones de Derechos Humanos", advirtió Marcelo Pollack. "También se ha de condenar a los grupos guerrilleros por sus ataques contra la población civil. Estos grupos deben adoptar medidas de una vez por todas para poner fin a los abusos contra los Derechos Humanos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario que cometen sus combatientes", agregó. INDÍGENAS Y CAMPESINOS La situación que viven los pueblos indígenas, así como la de los afrocolombianos y campesinos sigue siendo "crítica", según Amnistía Internacional, que ha documentado el homicidio de al menos 114 indígenas en 2009, a manos de la guerrilla, las fuerzas de seguridad y los paramilitares. "El creciente aumento de los homicidios de líderes de comunidades desplazadas, que hacen campaña por la devolución de las tierras que les han robado los grupos paramilitares, ha suscitado especial preocupación, y hay que adoptar medidas urgentes para proteger a estos líderes", añadió Marcelo Pollack. "El nuevo Gobierno debe dejar claro asimismo que la defensa de los Derechos Humanos no constituye una amenaza para la seguridad del Estado", aseveró el investigador de AI. "Una declaración pública inmediata en la que se reafirme la legitimidad de la labor de los defensores y defensoras de estos derechos contribuiría a mitigar el temor de que estos activistas sigan sufriendo hostigamiento y estando sin protección", concluyó.

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