LA VOZ LIBRE

El cantaor del delito urbanístico

El ex alcalde de Alcaucín tenía 160.000 euros bajo su colchón

Ricardo Domínguez
2009-04-22 23:52:41

Madrid.- La ‘Operación Arcos’ tenía todos los ingredientes de una receta de corrupción urbanística: José Manuel Martín Alba, un alcalde socialista muy popular con ansia de poder y riqueza; una red de arquitectos y empresarios compinchados con ánimo de hacer dinero fácil a cualquier precio; y Alcaucín (Málaga), una pequeña localidad de poco más de 2.400 habitantes y con un buen puñado de hectáreas de suelo rústico susceptibles de recalificación por un buen pellizco.

Pero la ‘olla exprés’ en la que se cocía toda la trama estalló a finales de febrero. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que meses antes había iniciado las investigaciones para destapar las irregularidades urbanísticas cometidas en el municipio, detuvo en las provincias de Málaga y Huelva a más de una decena de personas.

Entre ellas se encontraba, por supuesto, Juan Manuel Martín Alba. Este peculiar y pintoresco alcalde era albañil de profesión, pero se había labrado un nombre en el mundo flamenco de Andalucía: Pepe Calayo. Su ‘brega’ política en el Ayuntamiento de Alcaucín no aplacaba su vena artística y era un habitual en los festivales veraniegos del Sur.

En los registros que la Guardia Civil realizó en su casa se hallaron 160.000 euros debajo del colchón de su cama. Informado de esta noticia, el ex alcalde, muy flamenco, aseguró que se trataban de “los ahorros de toda una vida”.

CLIENTES EXTRANJEROS

La trama, desarticulada con la ayuda del SEPRONA de Málaga, se dedicaba a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y viviendas aisladas.

Los destinatarios eran principalmente extranjeros, a los que se les ofrecían viviendas sobre suelo rústico no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía, en cuyos terrenos calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.

Los empresarios implicados en la trama pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que consentían, encubrían o impulsaban estas irregularidades. Finalmente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, con los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

100 DENUNCIAS DE LOS ECOLOGISTAS

Todas estas maniobras fueron denunciadas durante diez años por grupos ecologistas, hasta sumar más de 100 querellas. Una de sus principales quejas se refería al número de viviendas de Alcaucín, que era muy superior a las necesidades existentes.

Según Rafael Yus, presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), estas prácticas eran un fenómeno generalizado en la comarca axárquica. En Alcaucín, concretamente, había hasta tres viviendas por habitante, por lo que la proporción era de “tres veces más casas que ciudadanos y, sobre todo, teniendo en cuenta que en una casa no vive una sola persona”, afirmó Yus.

Sin embargo, el contrapunto a estas quejas fue el clamor popular con el que un amplio número de vecinos despidió al ex alcalde en el momento de su detención. Al grito de “Todos estamos contigo” mostraron su apoyo a Martín Alba, de quien dijeron que se trataba de “una buena persona” y que eso le pasaba “por confiar en las personas que no debía”.

De entre los 13 arrestados en la operación, se encontraban dos hijas del ex alcalde y José Mora, jefe de servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, además de dos arquitectos, un intermediario y varios empresarios. En los registros que la Guardia Civil efectuó en sus casas, se incautaron de más de 250.000 euros.

Acusados de blanqueo de capitales, delitos contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias o cohecho, se les decretó prisión sin fianza para el ex alcalde Martín Alba y para el arquitecto José Mora, mientras que a cuatro de los empresarios implicados se les impuso fianzas de 30.000 y 120.000 euros.
 

Comentarios

 
 
 

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