LA VOZ LIBRE

Caso Can Domengue

La Fiscalía de Palma pide seis años de prisión para Munar, Vicens, Nadal y Flaquer

Europa Press
2011-03-15 12:24:03
Les acusa de los delitos de fraude a la administración, revelación de secretos y prevaricación, pero no de malversación PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS) La Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de prisión para la ex presidenta del Consell de Mallorca y del Parlamento balear, Maria Antonia Munar, así como para el ex vicepresidente insular Miquel Nadal, y los ex consejeros de Territorio, Bartomeu Vicens, y de Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, en el marco del caso Can Domenge, según han informado fuentes de la causa a Europa Press. Así consta en el escrito de acusación que han presentado los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau, quienes acusan a estos ex dirigentes de Unió Mallorquina (UM) por los delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que finalmente no les acusan por un delito de malversación de caudales públicos por razones técnico jurídicas, según las mismas fuentes. Los fiscales han presentado su escrito de calificación provisional cuatro meses después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, dictase el auto para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, y con el que finalizaba la fase de instrucción de este procedimiento, que indaga la venta de los solares palmesanos a la UTE integrada por Sacresa y Ferrà Tur por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de la cantidad que ofrecía la empresa Núñez y Navarro, con la interposición de cuya querella fue incoado el caso. En su escrito, el Ministerio Público también pide que se sienten en el banquillo de los acusados Santiago Fiol, abogado asesor contratado por Sacresa para su expansión en Palma y a quien la jueza instructora se refería en su auto como la "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell; y el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja Pons, que presuntamente dirigía y se responsabilizaba de la recepción y preparación del concurso. Cabe señalar, sin embargo, que en el escrito que presentó la acusación pública para pedir el pase a procedimiento abreviado, sí apuntaba a que todos ellos pudieron incurrir en un delito de malversación, y hacía referencia al "traje a medida" que conformaron las actuaciones de los encausados "en el desarrollo de su estrategia", dirigida a concertarse con Sacresa previamente a la publicación del concurso y establecer un precio de treinta millones de euros. Por su parte, en su resolución judicial, de cerca de sesenta páginas, la instructora consideraba "ilógico" que Munar, presidenta del Consell cuando se enajenaron los terrenos, fuese "engañada" entonces por los demás imputados en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a esta venta, como tampoco cree que "todo el entramado, el plan y las negociaciones" se hicieran "a espaldas" de la histórica dirigente de UM. Asimismo, la magistrada recordaba que fue Munar quien designó a las personas que gozaron de una actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones "fraudulentas", en relación a Nadal, Vicens y Flaquer, y además abundaba en que "era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos", en referencia a UM. "LA ENAJENACIÓN NO PODÍA PASAR POR ALTO A MUNAR" "La enajenación de Can Domenge no era un asunto más que pudiese pasar por alto a la presidenta", subrayaba la jueza, quien aprecia "indicios bastantes" de que "por razón de su cargo, la influencia y poder que ejercía sobre los consejeros directamente implicados" y por su "participación en las reuniones en que se fijaban aspectos esenciales" del proceso, "participó en los hechos aviniéndose a la forma y elementos del concurso". Es más, aseveraba que la competencia para adjudicarlo correspondía a la propia Munar, de tal forma que pese a estar ausente por enfermedad en el pleno en que se aprobó la enajenación "no cabe pensar que se desentendiese del asunto". Sin embargo, la ex presidenta insular no es la única contra la que cargaba González al recalcar, en el caso de Nadal, que tuvo una intervención "personal y activa" en la desafectación de los terrenos y participó de forma directa en la transmisión de información a Sacresa, además de firmar el decreto de aprobación del expediente de contratación para la enajenación, el 30 de diciembre de 2005. En cuanto a Vicens, recordaba que fue quien solicitó por escrito la enajenación del inmueble y quien "desde el primer momento ya mostró su opción por la forma de concurso", sin que se justificase "de forma razonable" por qué existían otros factores determinantes distintos del precio. Mientras tanto, señala sobre Flaquer que su departamento era el que tenía la competencia para la tramitación del expediente de enajenación y él quien propuso que se desestimasen las alegaciones formuladas a la desafectación. Cabe recordar que el caso fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 después de que la ex líder 'uemita' dimitiese como presidenta del Parlamento balear el 26 de febrero de 2010 tras las acusaciones vertidas contra ella por el propio Nadal en el marco del caso Maquillaje. Precisamente, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión contra cada uno de ellos dentro de una pieza separada de esta causa.

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