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LA VOZ LIBRE

Domingo Fernández (CSI-CSIF): "Será más fácil que trabaje en Cataluña un funcionario sueco que uno andaluz"

Exige que se igualen los salarios de los trabajadores de la administraciones autonómicas

LVL
Thursday, 04 de June de 2009, 19:02

Madrid.-"Cuando el conocimiento del segundo idioma oficial de una comunidad se considera lo que más puntúa y, en algunos casos, casi es exclusivo para poder desempeñar un trabajo profesional, se produce un serio problema", dice Domingo Fernández, presidente del sindicato de funcionarios CSI-CSIF. Exige que todos los trabajadores de la administración pública cobren igual, independientemente de la comunidad en la que desempeñen su labor.

- ¿Como presidente de la Junta Sindical Independiente y de Funcionarios percibe el conflicto lingüístico como un problema para los traslados, ascensos y para el desarrollo profesional de grupos de funcionarios?

- Si, claro que sí. Aunque ahora se esté agravando en algunas comunidades, es un problema que existía ya de antes. Cuando el conocimiento del segundo idioma oficial de una comunidad se considera lo que más puntúa y, en algunos casos, casi es exclusivo para poder desempeñar un trabajo profesional, se produce un serio problema.

- ¿Hay alguna de las comunidades españolas que tienen dos lenguas en la que el conflicto sea más destacado?

- En estos momentos creo que en las Islas Baleares es más pronunciado. En Cataluña y País Vasco, en cambio, esto no es nuevo.
Por el contrario, en Galicia, aunque ha habido un momento en el que este tema se ha recrudecido, parece que las aguas vuelven a su cauce.
Pueden convivir perfectamente los dos idiomas oficiales y aunque se valora positivamente que quien sea de allí hable el idioma cooficial si lo desea, con lo que no podemos estar de acuerdo es con la imposición o con el hecho de que dominar la segunda lengua sea el mérito preferente para poder desempeñar un trabajo.

- ¿Cree que los médicos en Baleares tienen tanta presión como para que pueda llegar a perjudicar en la sanidad?

- La presión es muy grande y yo creo que ya la está perjudicando en varios sentidos. Por un lado, tenemos el problema de que los que no quieran esta situación se tengan que trasladar. De momento son casos aislados, pero creo que son significativos. Por otra parte, es muy difícil incorporar nuevos y buenos profesionales, porque si la primera exigencia es el dominio del segundo idioma oficial ya está excluyendo a mucha gente que podría hacer muy buen trabajo y que es muy necesaria. Estamos cerrando la posibilidad de la movilidad entre comunidades, haciendo compartimentos estancos y empobreciendo la calidad de nuestros profesionales.

- En Baleares el personal sanitario ya se ha movilizado. ¿Este problema afecta sólo a las comunidades que tienen dos idiomas o también a aquellas comunidades que teniendo uno sus funcionarios no pueden desplazarse?

- Evidentemente, cuando el idioma se utiliza como factor excluyente crea un conflicto. Hemos pasado de unos funcionarios pertenecientes a cuerpos nacionales que podían, por méritos, trasladarse de un sitio a otro a una situación en la que ya no se puede. Esta movilidad es algo que, con independencia del idioma, se está cortando y sólo queda en algunos colectivos. Pronto va a ser más fácil que un funcionario sueco pueda trabajar en Cataluña a que uno andaluz lo haga. Estamos poniendo fronteras en cada comunidad.

- ¿Puede ser motivo suficiente para movilizar a los funcionarios y centralizar una protesta o el funcionario no está concienciado?

- No creo. Todos nos acostumbramos a la endogamia de las instituciones, a esto de ‘yo nazco en mi pueblo y muero en mi pueblo’. El malestar es muy grande, aunque lo peor es empobrecer a la sociedad española.

- ¿Conoce usted casos de funcionarios que hayan podido tener problemas psicológicos por la presión a la que le someten con la cuestión del idioma?

- Todos hemos oído hablar de esto, pero creo que no es importante cómo le afecta a la persona en sí, sino cómo le afecta en su derecho como ciudadano a trabajar y a hacerlo en las mejores condiciones. Siempre hay personas que soportan mejor la presión que otras. Por ejemplo, a un profesor en un centro público no se sabe qué le puede afectar más: la imposición del idioma, la indisciplina que hay en las aulas o la permanente intromisión política de la Administración.

- El profesional de la función pública tiene que torear con las distintas administraciones autonómicas. ¿La existencia de existencia de un trato diferente según la región coarta también el derecho a igualdad del propio funcionariado?

- Es gravísimo. Los sindicatos, al menos los que estamos representativos en toda España y estamos en la mesa que coordina las condiciones laborales, sea cual sea la administración a la que pertenece el empleado público, estamos intentando un consenso con todas las administraciones y partidos políticos. Por ejemplo, queremos abrir la movilidad entre regiones y disminuir las desigualdades salariales. En cada documento que firmamos ponemos una cláusula propia para que se establezcan mecanismos de movilidad y otra cláusula para que disminuyan las diferencias retributivas entre las comunidades.

 

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