Tuesday, 25 July 2017 | 
LA VOZ LIBRE

La extorsión lingüística de la Generalitat se 'cobra' otra víctima

Feliciana Piris Duque, dueña de una tienda de telas en Barcelona, ha sido sancionada con 1.200 euros

LVL
Wednesday, 20 de January de 2010, 14:48

Barcelona.- La Generalitat de Cataluña ha vuelto a multar a otro comerciante por no rotular su negocio en catalán. Tras el caso de Xurde Rocamundi, dueño de una inmobiliaria en Arenys de Mar, sale a la luz el caso de Feliciana Piris Duque, propietaria de una pequeña tienda de tejidos de ropa al corte en Barcelona. “Se nos puso la sanción el pasado 20 de noviembre, y entiendo que lo que me está ocurriendo no es justo”, explicó la denunciada en 'El Mundo'.

La mujer, nacida en Cardona y catalanohablante, se enfrenta ahora a una sanción de 1.200 euros por su negativa a sustituir el cartel con el que ofrece los productos de su negocio ‘Blau Marí’ ('azul marino' en catalán). Pese a que la tienda posee un nombre en catalán, el texto motivo de la polémica es el que acompaña al nombre, donde se puede leer “Textil, hogar y tapicería. Sedas, lanas, sastrería y fantasía”.

La trabajadora fue denunciada por una inspectora de la agencia que tomó fotografías de la tienda y redactó un informe. A raíz de éste la Generalitat asegura que le notificó un requerimiento en verano de 2008 en el que se le instaba a escribir “al menos en catalán” la oferta de su comercio en un plazo de dos meses con objeto de dar cumplimiento a los “requisitos legales”. En dicho requerimiento se conminaba a la dueña del establecimiento a adecuar el cartel al artículo 32.3 de la “normativa vigente” en política lingüística, el cual establece que “la señalización y los carteles de información general de carácter fijo de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán”. El Gobierno autónomo justifica que Feliciana no emitió respuesta alguna; sin embargo ella niega haberlo recibido. Posteriormente, se inició un procedimiento sancionador, tras el cual Feliciana optó por ocultar los rótulos en castellano, si bien no los sustituyó por otros en catalán.

“Vino una inspectora y me pidió que redactara los letreros en catalán y castellano, o bien sólo en catalán, tratando de meterme miedo con amenazas de multas”, denuncia Feliciana. “Sin embargo, el 80% de mis clientes son personas que no hablan casi nunca en catalán. ¿Por qué tengo que cambiar el cartel de mi negocio o pagar a la Generalitat 1.200 euros?”, manifiesta la dueña del comercio barcelonés. “No voy a pasar por el aro. Es un castigo desproporcionado y puede que incluso anticonstitucional”, añade Feliciana, quien ya ha recurrido la multa.

“Llegaré hasta el Tribunal Constitucional si es necesario. Ya no es por el dinero, sino por no ser callada por los nuevos dictadores catalanes”, denuncia.

El funcionario que instruyó el expediente de Feliciana resolvió sancionarla con 1.200 euros, de acuerdo con la graduación prevista en el artículo 14 de la Ley 1/1990 sobre “disciplina del mercado y defensa de los consumidores y usuarios”.

El abogado de la dueña del comercio ‘Blau Mari’, José María Fernández, considera que la imputación de su clienta “es manifiestamente injusta, además de ilegal, desproporcionada y dictada con desviación de poder”. Para el letrado, el funcionario “hizo su propia interpretación de la normativa, cayendo, además, en una violación directa del Estatuto de Cataluña y, en concreto, de su capítulo tres, en el que hace referencia a los derechos y deberes lingüísticos”.

Noticias relacionadas

Comentarios

 
 
 
enviar  imprimir  enviar 

La Voz Libre en tu correo



La Voz Libre on Facebook