LA VOZ LIBRE

HACIENDA IRUN

El juez dice que Bravo se apropió de 2 millones y saca del caso a 2 acusados

Efe
2010-05-18 21:05:00

San Sebastián.- El juez del fraude de la Hacienda de Irun (Guipúzcoa) ha elevado a 2,15 millones de euros el dinero del que presuntamente se apropió José María Bravo, en el auto de apertura de juicio oral por este caso, al que hoy ha tenido acceso Efe y en el que deja fuera del proceso a dos de los hasta hoy seis inculpados.

El auto fechado ayer y notificado hoy a las partes, imputa al que fuera jefe de la oficina de la Hacienda de Irun, José María Bravo, un total de nueve delitos: alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, y dos más por estafa.

Acusa asimismo a su esposa, Rosa María Cobos, de alzamiento de bienes, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, delito este último por el que también inculpa al socio de Bravo, Pedro María Atristrain.

El documento judicial procesa además al decorador José Lamy por un delito de cohecho, mientras que sobresee provisionalmente las actuaciones respecto a otras dos personas imputadas durante la instrucción: la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea y el responsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias de la Hacienda de Guipúzcoa, Juan Pardo San Gil.

A raíz de la polémica suscitada en Guipúzcoa por este caso, el senador del PNV y hermano de José María Bravo, Víctor Bravo, dimitió de su cargo en 2007 y el Parlamento foral de Guipúzcoa abrió una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas de la causa.

La mayor parte de las 21 páginas del auto describen los delitos presuntamente cometidos por José María Bravo, principal imputado del caso, quien actualmente está en libertad bajo fianza y del que asegura que "se apropió con ánimo de lucro de cantidades puestas a su cargo por razón de sus funciones" por un importe total de 2.155.863 euros, cuando hasta el momento se pensaba que esta cantidad podría rondar los 1,8 millones.

Este dinero habría sido recibido por Bravo en metálico, pagarés y cheques, algunos de los cuales habrían sido ingresados en sus cuentas así como en las de su esposa Rosa Cobos y su socio Pedro Atristrain.

El documento repasa una a una las cerca de cuarenta actuaciones presuntamente delictivas cometidas entre los años 1990 y 2004, en la mayoría de las cuales Bravo siguió un patrón similar al reclamar distintas cantidades económicas a contribuyentes, comercios y empresas morosas de la Hacienda foral.

A muchos de ellos les aplicaba una quita de la deuda, tras lo que presuntamente se apropiaba del dinero que le entregaban sin ingresar la mayoría de las veces cantidad alguna en las arcas forales.

En varios de los casos, Bravo llegó a emitir justificantes de las entregas de dinero "a sabiendas de lo injusto de su conducta".

Se da la circunstancia de que algunos de los contribuyentes a los que se dirigió tuvieron que solicitar préstamos a distintas entidades bancarias para hacer frente a la deuda que les reclamaba.

Posteriormente, Bravo daba de baja las deudas por insolvencia o prescripción, "sin realizar gestión alguna dirigida a investigar la solvencia" real de los tributarios.

El documento judicial recoge también una estafa presuntamente cometida por Bravo en marzo y mayo de 2004, cuando ya no era director de la Hacienda de Irun, en que contactó con el administrador único de una empresa para que abonara unas deudas pendientes, pese a que estaba ya en situación de excedencia.

El escrito dedica asimismo un apartado al caso del imputado José Lamy, quien habría accedido a prestar sus servicios como decorador en un hotel propiedad de Bravo a cambio de que le diera de baja una falsa deuda que éste le había hecho creer que tenía con Hacienda.

El texto detalla que, "para encubrir la ilícita procedencia del dinero y para aprovecharse de él", los imputados "utilizaron varias cuentas corrientes en las cuales se abonaron liquidaciones tributarias", y se sirvieron de varias empresas de las que eran socios "para el aprovechamiento de los efectos" obtenidos.

Además, para "encubrir la procedencia del dinero y utilizarlo", los imputados se valieron presuntamente de algunas "propiedades compartidas", como distintas fincas en Ávila, Marbella y Extremadura.

El auto concreta asimismo que con las cantidades de las que José María Bravo y su esposa "se apropiaron" fueron contratados y amortizados "diversos préstamos".

Finalmente, el texto considera que Bravo y su esposa vendieron en junio de 2007 una casa que poseían en el País Vasco francés por 1,25 millones de euros "con la finalidad de eludir las responsabilidades civiles" en las que podrían incurrir tras iniciarse el proceso judicial en su contra.

Comentarios

 
 
 

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Javier Fernández

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Hagan sus apuestas. ¿Cuánto tardaremos en quebrar definitivamente las cuentas públicas? ¿Dos, tres, cuatro, cinco  [...]

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Enrique Arias Vega

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