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CHILE-D.HUMANOS

Presentarán más de un millar de querellas por los ejecutados políticos en Chile

Efe
2010-06-01 20:07:00

Santiago de Chile.- Las primeras cien de un total de 1.197 querellas por ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron presentadas hoy en Chile por los familiares de las víctimas.

Se trata de casos por los que actualmente no existen causas abiertas en la Justicia chilena, explicó a Efe el abogado Eduardo Contreras, patrocinador de las acciones judiciales, tras entregar el primer centenar de querellas en el Palacio de los Tribunales chilenos, en Santiago.

Los nombres de las víctimas fueron seleccionados en un exhaustivo estudio realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), dijo Contreras, que estaba acompañado de Alicia Lira, presidenta de la citada organización.

Ambos señalaron que posiblemente muchos de los casos fueron vistos anteriormente por los tribunales, pero las causas se cerraron por diversos motivos y, a su juicio, deben ser revisados por tratarse de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben ni pueden ser objeto de una amnistía.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) unos 2.300 chilenos perdieron la vida a manos de agentes del Estado, de los que unos 1.200 son ejecutados políticos y el resto detenidos desaparecidos.

Las organizaciones humanitarias creen que las cifras aumentarán tras la aprobación de une ley que reabre por un período de seis meses la Comisión Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet.

A diferencia de los detenidos desaparecidos, cuyos cadáveres no han sido encontrados, los ejecutados son personas asesinadas por causas políticas cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares.

Contreras y Lira consideraron además una obligación que el Estado chileno, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, concurra a los casos como parte querellante.

Hasta el año pasado, dicho organismo estaba facultado para ser parte sólo en los juicios por detenidos desaparecidos, pero la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos extendió esa facultad a los casos de ejecutados políticos.

Ambos criticaron que desde la llegada a La Moneda del presidente Sebastián Piñera, el pasado marzo, dicho organismo no ha tomado iniciativas al respecto y más aún, analiza la forma de limitar la representación de las víctimas.

Alicia Lira dijo que en una reciente reunión, la secretaria ejecutiva del Programa, Rossy Lama, comunicó a los dirigentes de la Afep que la entidad excluiría de las querellas aquellos casos en que los familiares de las víctimas no quisieran sumarse.

También aquellos casos en que no se haya encontrado a familiares y otros en que los antecedentes aparezcan como insuficientes.

Al respecto, Contreras afirmó que el Estado "no puede discriminar; si está facultado debe querellarse por todas las víctimas, pues de trata de crímenes de lesa humanidad".

A su juicio, a 37 años del golpe militar de 1973, "en la sociedad chilena no pueden permanecer desconocidos estos crímenes, que son tan horrendos como la desaparición de detenidos".

Comentarios

 
 
 

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