LA VOZ LIBRE

JUEZ MOTRIL

El Supremo confirma la expulsión de la juez de Motril que olvidó excarcelar a tres presos

Efe
2010-06-11 17:46:00

Madrid.- El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de expulsar de la carrera judicial a la que fuera juez de Motril (Granada) Adelina Entrena, quien olvidó ordenar la libertad de tres presos, porque considera que no fue por un simple descuido, sino por desidia.

Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en una sentencia en la que desestima el recurso de Entrena contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces.

El 28 de noviembre de 2007 el Consejo acordó la separación de la carrera judicial de la juez de Motril al entender que concurrían cuatro infracciones disciplinarias muy graves de desatención de competencias judiciales "de una manera grave y reiterada".

El Consejo acordó la separación de la carrera de Entrena por su actuación respecto a dos condenados.- y otro por quebrantamiento de condena -E.A.I.-, que estuvieron más tiempo de las penas que les fueron impuestas por la juez, en concreto unos treinta días cada uno.

En el caso de otro preso, J.C.M., quien pasó más de un año en la cárcel indebidamente, se actuó por la vía penal, lo que motivó que Adelina Entrena fuera juzgada y condenada a un año de suspensión por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pena que fue confirmada por el Supremo.

En su recurso la defensa de Entrena cuestionó los hechos declarados probados por el CGPJ y manifestó que se había conculcado el principio de presunción de inocencia y que se había infringido el principio de proporcionalidad entre los hechos imputados y la sanción impuesta.

La defensa consideró asimismo en su demanda que el CGPJ no tuvo en cuenta que el fallo no fue de la juez, sino de la Oficina Judicial de Motril y de otros órganos, pues tampoco debieron actuar debidamente la secretaria judicial, la funcionaria encargada de las ejecutorias o el fiscal del caso, entre otros.

El TS concluye que el control jurisdiccional es un deber de especial cuidado del juez, que en este caso consistía en comprobar directa y personalmente la fecha en que concluía el plazo límite de la prisión preventiva y el de finalización o cumplimiento total de la pena impuesta.

La resolución añade que el buen funcionamiento de una Oficina Judicial exige un reparto de tareas, pero "hay funciones que, por su trascendencia en el proceso penal y su relevante incidencia en esos derechos fundamentales a la libertad y a la tutela judicial efectiva, requieren por parte del juez un permanente, directo y riguroso control y, paralelamente, no toleran delegación ni confianza".

"Entre estas funciones figuran la vigilancia del curso de las medidas cautelares de privación de libertad que hayan sido acordadas", añade.

Además, indica que tanto en el caso de D.A.S como en el de E.A.I. "consta su clara desidia personal por no haber adoptado ninguna medida individual de control".

Para el Supremo, "la desidia que exterioriza la conducta de la recurrente es absoluta porque observó unas actitudes de pasividad ante una pluralidad de hechos que advertían (cada uno de ellos) de la necesidad del control y dichas pasividades además fueron mantenidas durante largos periodos de tiempo".

Comentarios

 
 
 

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Javier Fernández

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